Desde la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real, nos pasan esta nota de prensa con la convocatoria de la manifestación para el próximo 6 de abril. En esta nota explican todas las reivindicaciones y realidad de un espacio en el que la especulación inmobiliaria está decidiendo su futuro y como luchan contra este asedio.
Cañada Real es un barrio consolidado desde hace más de 40 años mediante la autoconstrucción pacífica de viviendas sobre una vía de trashumancia en desuso que atraviesa los municipios de Coslada, Rivas y Madrid. En él viven más de 8.000 personas, la mayoría familias contribuyentes y trabajadoras españolas (payas y gitanas), marroquíes y de otras procedencias, que no han podido acceder a una vivienda en términos de mercado.
Durante décadas los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid lo han consentido e incluso han cobrado impuestos y tasas por las viviendas. El sector 1 ha sido prácticamente integrado en el municipio de Coslada. En el sector 2 tienen contratos de agua y luz, pero a otros sectores se les ha negado el acceso a servicios públicos básicos. Esta falta de servicios afecta además a una población creciente.
La acción e inacción de las administraciones ha generado una exclusión deliberada que ahora se utiliza para criminalizar a sus habitantes y justificar políticas de desalojo, coincidiendo con la reactivación de los grandes proyectos urbanísticos de los Desarrollos del Sureste de Madrid (Valdecarros, Ahijones, Berrocales, etc.).
Cañada Real no es un problema de ocupación ilegal o delincuencia. Cañada Real es un barrio habitado por personas que sufren una grave vulneración de derechos provocada por la omisión continuada y culpable de los poderes públicos. En especial, niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos cada día. Vecinas y vecinos sufren la falta de transporte público, contratos de luz y agua, viales iluminados por la noche, correos, y ausencia de otros equipamientos. Esta exclusión prefabricada criminaliza a las víctimas, favorece la aporofobia y la xenofobia y oculta una violencia institucional disolvente de los Derechos Humanos y de la democracia.
En lugar de garantizar justicia, igualdad y participación social, las administraciones delegan su responsabilidad en entidades caritativas y del tercer sector, con equipos desbordados especialmente desde el corte de luz de 2020. Además, las subvenciones de la Comunidad de Madrid condicionan la labor de quienes apoyan al vecindario, limitando la denuncia de la desidia institucional y dificultando la organización colectiva y la defensa de derechos.
La participación vecinal ha sido sustituida por el acoso y la amenaza de derribo. El Ayuntamiento de Rivas, aunque ha sido condenado por derribos ilegales, ha abierto centenares de expedientes de demolición que están llegando de forma continuada a las familias de los sectores 4 y 5. Todo ello ha generado un contexto hostil que busca ejecutar un desalojo forzoso. En lugar de diálogo, las administraciones han fabricado un “entorno torturante”. Esta violencia ha ido especialmente dirigida a las mujeres, quienes han sostenido la vida comunitaria y liderado muchas luchas en defensa del barrio.
A pesar de todo, el barrio de Cañada ha logrado avances:
- Ley 2/2011 de Desafectación de la Cañada Real, en su Disposición Adicional, exige participación vecinal;
- El Pacto Regional de 2017 que se firmó para dignificar el barrio. Reconoce el derecho a suministros, correos, transporte, permanencia del mayor número de viviendas y la necesidad de realojos, siempre dentro del barrio, cuando existan afecciones urbanísticas (acuíferos, torres de alta tensión, ferrocarril de alta velocidad y autopistas).
- En mayo de 2023, todos los partidos de la oposición de la Comunidad de Madrid (Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid y PSOE) suscribieron un acuerdo con la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real para sostener y apoyar las peticiones vecinales y, al año siguiente, en verano de 2024, revalidaron este compromiso.
Tras más de cuarenta años de consolidación y a pesar de una enorme violencia administrativa, la mayoría de vecinas y vecinos quieren quedarse en Cañada Real. El 2 de octubre de 2020, en plena pandemia COVID 19 y a las puertas de una tormenta de nieve sin precedentes, la Comunidad de Madrid a través de su distribuidor Naturgy, instaló unos limitadores en las líneas de electricidad que, con la excusa de combatir plantaciones ilegales, cortó totalmente la luz del Sector 6 (el más grande y poblado) y, parcialmente del Sector 5.
Los vecinos y vecinas sufren esta medida cruel y denunciada por múltiples organismos como contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero, rápidamente, se organizan, se manifiestan y denuncian el abandono de los gobiernos y su complicidad con los intereses especulativos. Como ciudadanos sujetos de derechos violados -y no como pobres menesterosos- piden, alto y claro: Luz, Contratos, Mesa de Seguimiento, Stop Vertidos y Derribos Ilegales y Cese de las Coacciones.
Muchos sectores sociales y culturales se solidarizan y difunden este abuso de poder sin que las autoridades del Partido Popular que gobierna en la CAM devuelvan la luz a los miles de vecinas y vecinos afectados. Casi 5 años después, el suministro eléctrico sigue interrumpido.
En 2021 se crea la “Plataforma Cívica por la Luz de Cañada Real”. Esta gran coalición por los Derechos Humanos, a través de su Comisión Jurídica, elabora una demanda colectiva de las personas afectadas que se presenta por cinco organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. La Plataforma y las vecinas y vecinos organizados han unido su sufrimiento y su pensamiento formando un verdadero Poder Constituyente Popular que, de manera pacífica, interpela a las instituciones – el Poder Constituido – a cumplir con la democracia y los Derechos Humanos.
Dos años después, a finales de 2024, el Consejo de Europa ha respondido con una Resolución que condena a España por violar 10 derechos reconocidos en la Carta Social Europea, por su inacción ante las consecuencias devastadoras del corte de suministro eléctrico.
La iniciativa gubernamental de montar una Comisión Interministerial con una dotación de millones de euros para realojos está al margen de la ley y la justicia. Y ello porque:
- Incumple el Pacto Regional y la exigencia reiterada del Defensor del Pueblo para restablecer la
- Es contraria a la Resolución condenatoria del Consejo de
- Es un procedimiento coactivo contra las víctimas del corte de
- Es contrario a la ley 2/2011 de Cañada Real y de las recomendaciones de garantizar la participación del vecindario y equipos de apoyo jurídico.
El plan de realojos es en realidad un plan de desalojos forzosos, como venimos señalando y explica fundadamente el Informe de la Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III de Madrid.
No pedimos caridad, exigimos justicia. Por eso, la manifestación de este domingo 6 de abril de 2025 reclama a los Ayuntamientos de Rivas y Madrid, a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España, el respeto del principio de legalidad y acabar inmediatamente con la arbitrariedad de los poderes públicos.
Hace 40 años, vecinas y vecinos de Orcasitas, Vallecas y otros barrios en construcción, lucharon por su derecho a la vivienda digna y a la ciudad, consiguiendo su propósito. Las vecinas y los vecinos afectados y colectivos solidarios seguimos sus pasos.
Ante la impunidad de quienes especulan y sus cómplices, tras 40 años de maltrato oficial y casi 5 de corte premeditado de luz, en resistencia pacífica, las voces de la Cañada se unen, desde la especificidad de sus propias reivindicaciones comunes y no comunes, en defensa de la participación política, los Derechos Humanos, la justicia y la democracia.
LUZ, CONTRATOS Y MESA DE SEGUIMIENTO.
STOP A LOS VERTIDOS Y LOS DERRIBOS ILEGALES.
CESE DE LAS COACCIONES Y AMENAZAS.
Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real.
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