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26-04-2013

¿Injurias y calumnias? Según y cómo

   
 Redacción / 26 de abril de 2013.


Entre las variadas sentencias y autos judiciales que llegan a nuestra redacción y que tienen su origen en el ambiente crispado que vive la cooperativa Covibar desde hace unos años, hemos seleccionado por su interés para nuestros oyentes y lectores la emitida por la jueza del  Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Arganda, con fecha 31-3-2013.

Los hechos probados  que se juzgaban eran que en el transcurso de la ya comentada Asamblea General de socios de la cooperativa Covibar celebrada el día 17 de junio de 2012, el socio J.G.G.C. , durante su intervención para defender  su candidatura para Interventor de la cooperativa utilizó los términos “estalinistas” y “asesinos” para  criticar la labor efectuada por el Consejo Rector de Covibar.

En el transcurso del juicio el socio denunciado, J.G.G.C., manifestó que en ningún caso pretendió atentar contra el honor o la dignidad de los miembros del Consejo Rector sino criticar la actuación del mismo en la gestión de la cooperativa, enmarcado todo ello en la tensión en la que se celebró dicha Asamblea.

Según se dice en la sentencia judicial que comentamos, el núcleo de la cuestión radica en determinar el ánimo que guió al socio J.G.G.C. a proferir las palabras “estalinistas” y “asesinos”, poniéndolo en relación con los factores externos y circunstancias en que se desarrolló la Asamblea. Para que haya injurias, dice la jueza, debe darse un ánimo de menospreciar o desacreditar. No habrá injuria cuando, como ocurrió en el caso, el socio no buscaba menospreciar sino ejercitar un derecho, ejecutar una crítica o denunciar unos determinados hechos en un contexto concreto.

La jueza recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con la libertad de expresión, recordando que la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar. Concluye la jueza que las expresiones utilizadas por el socio J.G.G.C no pueden ser calificadas como una información destinada a formar opinión, sino como la misma expresión de una opinión o juicio de valor sobre la conducta del Consejo Rector en su conjunto y no de sus miembros, por lo que el canon aplicable será el propio de la libertad de expresión y no el canon de la veracidad exigida constitucionalmente al derecho a comunicar información.

Pero la protección constitucional de la libertad de expresión excluye las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones de que se trate. Debiendo resaltarse la trascendencia que tiene a la hora de efectuar esta ponderación el examen de las circunstancias concurrentes, entre estas el contexto en el que se producen las manifestaciones enjuiciables.

Y para aclarar el contexto, entra de lleno la jueza a ver en qué circunstancias se habían expresado las palabras “estalinistas” y “asesinos”. Según la jueza, la Asamblea no se desarrolló en un clima de absoluta normalidad tal y como quiso hacer creer el Consejo Rector en el juicio pues: un buen número de socios no habían podido tener acceso a la misma, había un clima de crispación por las expulsiones, se había contratado personal de seguridad privada ex profeso según constaba en el acta de la Asamblea. Además, recuerda como con posterioridad a la Asamblea, se había criticado en la editorial de la revista de la cooperativa al socio  J.G.G.C. calificándole de “uno de estos sindicalistas”.

Destaca la sentencia el esfuerzo que en su día había realizado J.G.G.C. para clarificar en los medios de comunicación a qué se refería con sus palabras “estalinistas” y “asesinos”: a los métodos utilizados por el Consejo Rector en su conjunto, en la gestión de la cooperativa y en las decisiones adoptadas con respecto a los socios expulsados.

Si bien, aclara la jueza, el lenguaje duro y agresivo con utilización de expresiones excesivas y desafortunadas, utilizado por el denunciado puede merecer el reproche social al no resultar apropiado para defender la correcta marcha de la cooperativa, no puede enmarcarse dentro del ámbito penal al no cumplir el requisito de injuriar.

Como parte del varapalo que se da al Consejo Rector, la sentencia recuerda que en la redacción del acta de la Asamblea el propio Consejo Rector hace uso de la expresión “apartheid”, que podría ser calificada fuera del contexto en la que se utiliza como injuriosa.

La jueza, no sin antes exhortar tanto al denunciante como al denunciado a reconducir el diálogo entre los cooperativistas por los cauces de la normalidad y del interés común, absuelve a J.G.G.C. de la falta penal de la que fue acusado por el Consejo Rector de Covibar.

La sentencia no es firme y por tanto podía ser apelada ante la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Hará caso el Consejo Rector a las recomendaciones que da la jueza en su sentencia y reconducirá el diálogo entre los socios o apelará la sentencia?. Pleitos tengan y los ganen.

 

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